Fuerzas Armadas y Protección Civil en España

La Unidad Militar de Emergencias

FUERZAS ARMADAS Y PROTECCIÓN CIVIL

Es un hecho constatado que en la mayor parte de los países del primer mundo se trabaja continuamente en el perfeccionamiento de los «sistemas integrales» de Protección Civil, encargados de la salvaguarda de la seguridad y bienestar de la población, sus bienes y su entorno.

La participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio de la población afectada por una catástrofe, calamidad u otra necesidad pública, se remonta a la propia existencia de los Ejércitos. Sin embargo, las características inherentes a sus capacidades, organización y forma de actuar, han originado que en los últimos años diversos países (entre ellos España) hayan apostado por especializar, dentro de sus Fuerzas Armadas, determinadas unidades para hacer frente con eficacia a estas situaciones de emergencia nacional.

Las Fuerzas Armadas de cualquier país son un instrumento del Estado y, como tal, pueden y deben ser utilizadas por éste en aquellas circunstancias y para aquellos fines que puedan resultar necesarias o apropiadas en cada momento. Las organizaciones militares, per se, cuentan con una preparación técnica, física y moral muy definida, gozando de una flexibilidad y disponibilidad que las convierte en un medio idóneo en los casos de desastre, pues están habituadas a adaptarse a circunstancias imprevistas lo que les permite hacer frente a las emergencias tanto de origen natural como aquellas provocadas por el hombre.

Durante mucho tiempo el argumento para recurrir a las organizaciones castrenses se basaba en la ausencia de otros organismos equipados y preparados para acometer situaciones complejas e imprevistas. Hoy en día, y a medida que nos adentramos en un nuevo siglo, todo apunta a que una nueva misión se consolida entre los cometidos habituales que se encomiendan a los ejércitos dentro del concepto de Seguridad Nacional, concepto más amplio y que engloba al de Defensa Nacional.

UNIDADES MILITARES ESPECIALIZADAS

La tendencia observada en algunos países en estos últimos años, ha sido la de crear unidades militares especializadas en emergencias para poder atenderlas con la necesaria especialización y profesionalidad.

Rusia, Francia, Estados Unidos, Suiza, México, Canadá o Israel son ejemplos de naciones que percibieron la necesidad de asignar funciones específicas a sus Fuerzas Armadas relacionadas con las emergencias y la protección civil, no sólo por las circunstancias coyunturales, urgentes e imprevistas que pudieran surgir, sino también por el riesgo comprobado que supone la intervención en estas circunstancias de personal no experto y, en algunos casos, insuficientemente preparado, en un mundo como el de las emergencias que demanda cada vez mayor profesionalidad.

Ciñéndonos a España, la descentralización del Estado, y su estructuración en Comunidades Autónomas, llevó a un proceso de transferencia de competencias en diferentes materias a favor de estas Comunidades. La gestión de las emergencias hasta un cierto nivel (el denominado «nivel 2») fue una de estas transferencias estatales a las administraciones autonómicas, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1985, de Protección Civil, y en las disposiciones posteriores.

Nuestro país ha sido escenario, en los últimos decenios, de una serie de acontecimientos que han marcado un antes y un después en el análisis y en la reflexión sobre lo que debe ser la participación estatal en materia de intervención, cooperación y ayuda en situaciones de emergencia.

El hundimiento del Prestige, en 2002, las grandes nevadas en Burgos, en el año 2004, el incendio de Guadalajara, en 2005, … movieron, tanto a la administración central como a las autoridades autonómicas, a la creación, en unos casos, o la potenciación, en otros, de unos servicios de emergencias técnicamente especializados y de alta cualificación para atender con celeridad la demanda ciudadana, viniendo a demostrar que la administración central, que el Estado, debía aportar algo más que una normativa y una estructura de coordinación en materia de Protección Civil.

Realmente, hasta esos momentos, el Gobierno de España no contaba con un órgano de emergencias robusto, ágil y de suficiente entidad capaz de ofrecer la fiabilidad y la disponibilidad necesaria para el apoyo y el refuerzo preciso a las Comunidades Autónomas, cuando éstas se vieran superadas por la magnitud de la emergencia, o bien para hacer frente, por sí mismo, a una emergencia de interés nacional.

Esta organización, que la sociedad demandaba, bien podría haber sido de carácter civil o militar, pero lo cierto es que había llegado el momento en que el Estado tomara una decisión al respecto.

CREACIÓN DE LA UNIDAD MILTAR DE EMERGENCIAS

Coincidiendo con los graves hechos citados anteriormente, el Presidente del Gobierno formulaba, a finales de 2004, la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, una de cuyas directrices establecía que las Fuerzas Armadas debían colaborar en el Sistema de Protección Civil y, junto con otras instituciones del Estado, contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y todo ello se plasmó en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que dice: Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Se sentaban las bases para asignar, de manera explícita, una nueva misión a las Fuerzas Armadas y, a resultas de ello, el 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros acordó crear la Unidad Militar de Emergencias (UME), dándole como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el Ministro en quién delegue, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos…

El Gobierno optaba, para solucionar los problemas expuesto con anterioridad, por la creación de una unidad militar, con medios humanos procedente de los tres Ejércitos y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, a similitud de otros países de nuestro entorno.

Se creó de este modo una unidad organizada, instruida, adiestrada y dotada de material e infraestructura específicamente preparada para cumplir la misión asignada con eficacia y rapidez. Se lograba con ello disponer de una unidad militar auténticamente especializada en emergencias, con medios, instrucción y adiestramiento específico y doctrina y procedimientos propios.

LA UNIDAD MILITAR E EMERGENCIAS HOY

La UME, hoy, es una unidad militar que ha alcanzado su velocidad de crucero, convirtiéndose en un importante elemento de cohesión nacional, complementando y equilibrando los servicios de emergencia que prestan otras administraciones públicas y generando confianza en la sociedad, que ve como el Estado pone a su disposición todos los medios de los que dispone, incluidas sus Fuerzas Armadas, en las situaciones comprometidas.

La capacidad y la agilidad de respuesta, el empleo en masa, el esfuerzo sostenido, la flexibilidad en sus despliegues y redespliegues y la capacidad de canalizar los medios del resto de las Fuerzas Armadas son características que permiten a la Unidad Militar de Emergencias concentrar sus medios en cualquier punto del territorio nacional para hacer frente a cualquier emergencia con una total autonomía logística.

La UME mira a su futuro como un proyecto que se define cada día atendiendo a las nuevas necesidades de la sociedad española. Diferentes retos que afrontar, diversas capacidades que perfeccionar, hacen que el movimiento no se detenga y que su progresión sea constante y siempre acorde con las demandas de la sociedad a la que intenta servir con vocación, eficacia y espíritu de servicio.

José Emilio Roldán Pascual